El Cabildo de Monterrey aprobó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), así como la convocatoria para seleccionar a 28 jueces cívicos, durante la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente a octubre de 2026.

Uno de los acuerdos autoriza al Gobierno municipal a formalizar mecanismos de coordinación con la autoridad electoral estatal para apoyar la organización del próximo proceso electoral, mediante la disponibilidad de espacios públicos e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.

El convenio contempla la identificación de calles, avenidas y áreas de uso común que podrán destinarse a la instalación de bastidores y mamparas para partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, el Municipio podrá facilitar inmuebles para la realización de debates, capacitaciones, cursos y otras actividades relacionadas con la preparación y el desarrollo de las jornadas electorales.

La colaboración busca establecer condiciones para que las actividades vinculadas con los comicios se desarrollen mediante una coordinación institucional entre el Ayuntamiento y el IEEPCNL, con respeto a la normatividad aplicable.

Durante la misma sesión, los integrantes del Cabildo también aprobaron emitir la convocatoria dirigida a profesionales del Derecho interesados en participar en el proceso de selección para ocupar 28 plazas de jueces cívicos en Monterrey.

Las personas que resulten seleccionadas tendrán un nombramiento por tres años, con posibilidad de volver a postularse. El procedimiento deberá garantizar la paridad de género en la integración de este cuerpo de autoridades.

Los jueces cívicos tienen entre sus responsabilidades atender faltas administrativas y contribuir a la resolución de conflictos comunitarios mediante el diálogo y la conciliación, con la finalidad de evitar que las diferencias entre ciudadanos deriven en situaciones de mayor gravedad.

El modelo de justicia cívica contempla audiencias en las que las personas involucradas pueden presentar sus argumentos antes de que se determine una resolución. Entre las medidas aplicables se encuentran amonestaciones, multas, arrestos de hasta 36 horas y trabajo en favor de la comunidad.

Con ambos acuerdos, el Cabildo de Monterrey avanza en la coordinación electoral y en el fortalecimiento de los mecanismos municipales para atender infracciones administrativas y promover la convivencia ciudadana.